La asfixia inmobiliaria en España: Otro ejemplo del fracaso socialista.

El discurso político contemporáneo, al proclamar la “garantía” de la vivienda como una forma de “discriminación positiva” o “acción afirmativa” para grupos vulnerables, plantea un desafío significativo al derecho natural a la propiedad. Esta postura, que la Internacional Socialista defiende como una forma de atender a sus redes clientelares, amenaza con socavar los fundamentos de la propiedad y, por ende, la justicia, lo que podría conducir a una parálisis social.

La noción de “derecho” promovida por el populismo político se asemeja más a un sistema de deseos, construido sobre narrativas convenientes para los políticos. Es imperativo cuestionar si aquello que denominamos “derecho” requiere la violación de la propiedad ajena para su obtención. Porque en tal caso, no estaríamos ante un derecho, sino ante un privilegio político otorgado mediante la coerción delegada a las instituciones gubernamentales.

Si bien el derecho a la propiedad es fundamental, no implica necesariamente el privilegio a la vivienda. El primero se sustenta en la abstención de terceros de interferir o en la garantía de dicha abstención, mientras que el segundo requiere que alguien más trabaje de manera involuntaria para proveerlo, a través de las capacidades coercitivas o violentas del gobierno por el despotismo del poder. Por lo tanto, la vivienda debe ser concebida como un bien económico que solo puede prosperar bajo el respeto irrestricto a la propiedad como método de cohesión.

A pesar de que el debate jurídico sobre este tema ha sido resuelto, la realidad política en España de hoy, presenta una situación distinta. Se pretende imponer un panfleto por encima del debate jurídico; y, política sobre la vivienda. Reduciéndolo a una narrativa que atribuye la “gentrificación” y el aumento en los costos de acceso a la propiedad inmobiliaria a factores externos como los ciudadanos extranjeros, los fondos de inversión o el sector hotelero. Este diagnóstico es erróneo, ya que el gobierno es el principal beneficiario del encarecimiento de los precios de oferta. Los trámites burocráticos, los impuestos y las licencias incrementan el precio final de una vivienda nueva, tensan los mercados y desaceleran el sector. Como ya lo señaló Von Mises:

Bibliografía.

1. Mises, Ludwig Von. 1922. Socialismo. Loto.

2. Moncada, Ignacio. 2018. Juan de Mariana. 09 de 11. https://juandemariana.org/la-aberracion-del-control-de-alquileres/.

   Marrero, Daniel Fernández Méndez Santiago Calvo López Gonzalo Melián. 2026. La paradoja inmobiliaria: Por qué el aumento del precio de la vivienda no genera más construcción. Universidad de las Hespérides, 35.

   Marrero, Daniel Fernández Méndez Santiago Calvo López Gonzalo Melián. 2026. La paradoja inmobiliaria: Por qué el aumento del precio de la vivienda no genera más construcción. Centro Ruth Richardson, Universidad de las Hespérides, 35.

   Martín, Álvaro. 2022. https://civismo.org/wp-content/uploads/2024/02/La-okupacion-en-Espana-una-lacra-social-y-economica.pdf.

   Renzo, Danilo. 2025. https://chalarisabogados.com/nueva-ley-antiokupa-2025/.

   Mises, Ludwig Von. 1949. La acción humana. Loto & Leviatan.

Marrero 2026)

En el contexto actual, el marco referencial de la Ley Okupa en España ha derivado en la violación sistemática más significativa de las garantías naturales tanto para ciudadanos españoles como para extranjeros que han optado por invertir en el país. Esta legislación, en la práctica, ampara la ocupación ilegal y, desde el ámbito gubernamental, incentiva la actividad de grupos criminales dedicados a la extorsión. Estos grupos, erróneamente denominados “sindicatos de inquilinos” por ciertos políticos, promueven la ocupación de viviendas, la expulsión de sus legítimos propietarios y el incumplimiento del pago de servicios. Cabe destacar que el gobierno obliga al titular del bien a cubrir estos gastos bajo amenaza de acciones legales, incluso en inmuebles que, en muchos casos, aún se encuentran hipotecados como garantía de pago.

En consecuencia, el gobierno ha implementado políticas de congelamiento de rentas y ha dificultado los procedimientos de desahucio por impago. Esta situación ha erosionado la confianza de los propietarios, lo que los lleva a retirar sus propiedades del mercado. La reducción de la oferta inmobiliaria, inevitablemente, provoca un aumento en los precios. Este fenómeno no responde a una actitud avariciosa por parte de los propietarios, sino que es el resultado de una gestión basada en el miedo, derivada de una legislación que no garantiza la protección de los derechos de propiedad.

Cabe señalar que España no es ajena a este fenómeno. En la década de 1980, el país experimentó una ola similar de ocupaciones ilegales, la cual se erradicó mediante la criminalización de estas acciones a través de la aprobación del Código Penal de 1996. Concretamente, el artículo 245.2 tipifica como delito ocupar sin la debida autorización un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan el hogar del ocupante, o permanecer en contra de la voluntad del titular.

A pesar de la regulación implementada en los años posteriores, la ocupación ilegal no solo no cesó, sino que experimentó un incremento significativo. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior de España, la ocupación ha aumentado un 40% desde el año 2018.

En este contexto, el propietario se encuentra en una posición de vulnerabilidad legal significativa. Cuando su propiedad es ocupada, frecuentemente continúa asumiendo la responsabilidad de los tributos, el pago de servicios básicos como la electricidad y el agua, los pagos de la hipoteca y otros gravámenes asociados a la vivienda. La gravedad de esta situación a nivel legislativo se ha incrementado, experimentando un aumento considerable tras la implementación del “Escudo Social” en el año 2020. Este se materializó mediante el Real Decreto Ley 37/2020, impulsado por el Gobierno de España bajo la presidencia de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en coalición con Unidas Podemos (Socialismo Progresista). Dicho decreto prohibió los desahucios en aquellos casos en que las autoridades consideraran que los ocupantes no contaban con una alternativa habitacional viable. Esta determinación podía ser fácilmente comprobada mediante la presentación de un informe de servicios sociales, el cual no requería la verificación de si el ocupante recibía ayudas públicas. En consecuencia, se generaban prolongadas ocupaciones y los propietarios se veían obligados a soportar todos los costos asociados al inmueble. (Martín 2022)

En contraposición a la propaganda, la realidad demuestra que la okupación erosiona el consenso natural sobre la propiedad y socava el tejido social, como se ha evidenciado en el caso de España. Esta práctica disminuye la seguridad jurídica del mercado inmobiliario de alquiler y venta, reduce la oferta de viviendas en alquiler y dificulta el acceso a una vivienda para las personas con menores recursos, a pesar de que ciertos políticos oportunistas intenten presentarla como una medida contra los “malvados” ricos que especulan. Asimismo, incrementa el precio de las viviendas en venta en zonas con baja okupación debido al éxodo de residentes de áreas con mayor presencia de okupación, lo que genera una generalización de la inseguridad ciudadana y la incertidumbre jurídica. Además, la okupación destruye el valor invertido en las zonas con mayores riesgos, perjudicando a las personas con menor capacidad adquisitiva.

Ante esta problemática, el Gobierno Español ha optado por no asumir responsabilidad alguna y concentra sus esfuerzos en crear chivos expiatorios. De esta manera, surgió la narrativa de los “fondos buitres” y la atribución de la escasez de vivienda a plataformas como Airbnb. Sin embargo, es importante aclarar que los fondos de inversión simplemente han ocupado el vacío generado por la falta de certeza jurídica en torno al derecho de propiedad.

En el contexto actual, los políticos proponen la expropiación de hoteles o propiedades, excluyendo a las propias entidades gubernamentales, como una solución a la problemática habitacional. También es importante considerar que los propietarios afectados carecen de los recursos económicos necesarios para sostener una representación legal a largo plazo para preservar sus bienes ante medidas. Históricamente, estas han resultado en escasez crónica o en la implementación de controles de precios de alquileres, lo cual a menudo conduce a un desabastecimiento de viviendas.

Esto se debe a que, cuando el precio máximo de alquiler se establece por debajo del costo de acceso, la demanda supera la oferta disponible a dicho precio, generando una escasez artificial de viviendas, como lo demuestra la investigación de los economistas Tyler Cowen y Alex Tabarrok sobre los efectos adversos de este tipo de intervenciones económicas. (Moncada 2018)

La solución no puede ni debe consistir en la expropiación o el retiro de una vivienda de quien realice una inversión. En cambio, se debe proponer la reducción de impuestos a la construcción y la garantía del cumplimiento de las cláusulas contractuales en los contratos de arrendamiento. Es decir, que el arrendatario tenga la certeza de que la propiedad será devuelta en caso de incumplimiento de los términos del contrato. El problema persistirá mientras la propiedad privada sea tratada por los políticos como una “licencia” revocable.

El informe de la Fundación Civismo desmiente la narrativa prevaleciente, demostrando que la retención intencional de inmuebles vacíos constituye una ineficiencia financiera, en lugar de una estrategia de mercado. Los elevados costos de mantenimiento, la presión regulatoria ejercida por el Banco de España y la ausencia de rentabilidad neta invalidan la hipótesis del acaparamiento artificial. (Martín 2022)

La crisis habitacional en España requiere una intervención decidida en los factores políticos que obstaculizan la oferta y menoscaban el proyecto de vida español. Mientras la promoción inmobiliaria persista como una actividad de baja o nula rentabilidad, el incremento de precios no se traducirá en una expansión de la oferta, sino en una mayor exclusión residencial.

La rectificación de esta situación insta una exhaustiva revisión, una simplificación administrativa y una evaluación realista de los costos que se imponen al producto “vivienda” para su redistribución entre empleados públicos que obstaculizan la acción humana. En ausencia de tales reformas, el déficit de oferta adquirirá una naturaleza crónica, perpetuando la presión alcista sobre los precios y comprometiendo el acceso a la vivienda a largo plazo. (Marrero, Daniel Fernández Méndez Santiago Calvo López Gonzalo Melián 2026)

El más reciente avance en la regulación de la ocupación ilegal de viviendas se materializó el 3 de abril de 2025 con la promulgación en España de la denominada “Ley Antiokupas”. Esta reforma legal tiene como objetivo principal la agilización del proceso de desalojo de ocupantes ilegales mediante la reducción de los plazos de respuesta judicial y la ampliación de las facultades conferidas a las fuerzas de seguridad. No obstante, la eficacia de dicha ley ha sido cuestionada, dado que persiste un considerable margen de vulnerabilidad para los propietarios frente a la otra modalidad de ocupación ilegal, conocida como “Inqui-okupa” (inquilino moroso), la cual busca establecerse de manera indefinida en la vivienda, a través de un primer contrato de renta.

La promulgación de esta legislación ha permitido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente de la Internacional Socialista: Pedro Sánchez. Ampararse en una retórica populista que privilegia los derechos del ocupante ilegal sobre los del propietario legítimo. Esta postura ha contribuido a la inseguridad jurídica y a la erosión de la confianza en el mercado inmobiliario. (Renzo 2025)

La afirmación de que un político, al invocar el concepto de “bien común”, inevitablemente conduce a la desgracia común, se ve reforzada por la siguiente observación de Mises que bien describe por qué estos proyectos siempre han fallado:

“La regulación de los alquileres provoca inexorablemente escasez de viviendas. Incrementa la demanda y contrae la oferta... pero la regulación de los alquileres no afecta tan sólo a los inmuebles ya existentes, sino que repercute también sobre los que puedan construirse, puesto que los nuevos edificios dejan de ser remuneradores. O las construcciones se paralizan o disminuyen de manera alarmante; la insuficiencia se hace crónica. Pero incluso cuando se permite la libre fijación del alquiler de los edificios de nueva planta, la construcción se contrae. Los potenciales inversores dudan, porque advierten el peligro de que, más tarde, el poder público, ante cualquier nueva crisis, limite la renta a percibir, como hizo con las viviendas antiguas.”
(Mises 1949)

La investigación del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las hesperides confirmó que la escasez de vivienda es artificial y creada por la sobre regulación desde 2005, ya que el gobierno nacionaliza de facto los derechos de desarrollo del suelo, monopoliza la asignación de usos y aprovechamientos y solo se permite la construcción en alrededor del 2% del total del suelo español provocando que se disparen los costes de producción:

” La pretensión del socialismo de ser el único defensor del bien común debe ser rechazada como errónea. Si bien el liberalismo aboga por la propiedad privada de los medios de producción, no es por un interés egoísta en los beneficios de los propietarios, sino porque anticipa que una estructura económica fundamentada en la propiedad privada generará una mayor abundancia y calidad de recursos para todos los miembros de la sociedad.”
(Mises 1922)